Las empresas que vendan productos ecológicos tendrán prioridad en los concursos públicos. Sin embargo, como no existe un criterio unificado aún, empiezan a surgir dudas y hay un ambiente de confusión entre los proveedores, sobre todo en algunos sectores específicos, como el maderero y el papelero.
Impulsar la sostenibilidad, los productos que incluyan sistemas de ahorro energético durante su proceso de fabricación y las compras verdes son uno de los objetivos que se ha marcado la Unión Europea. Para cumplirlo, en España el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino aprobó en 2008 el denominado Plan de Contratación Pública Verde, o lo que es lo mismo, el proyecto por el que, en los concursos públicos, las administraciones deberán dar preferencia a aquellos proveedores que incluyan la sostenibilidad en su cartera de productos, que comprende varias fases.
Así, por ejemplo, desde el próximo 1 de enero y hasta 2016, se favorecerán los materiales de construcción que garanticen un ahorro energético del 20%. Estas compras públicas verdes se extienden a cualquier equipo y material tecnológico, de construcción, de oficina, alimentación, limpieza, jardinería, mobiliario, electricidad, textil...
Algo más que ISO
A partir de 2011 se intensificará este trato preferencial en los concursos y contratos públicos hacia los proveedores verdes. ¿Cómo pueden las pymes acreditar que sus productos cumplen con estas exigencias? Ahí entran en juego las certificaciones. "Y dependiendo de lo que vendas, tendrás que presentar una u otra", explica Jaime Fontanals, director de nuevos productos de Aenor. Porque no hay un sello estandarizado.
Y es que a la ya conocida ISO 14.001, que garantiza la implantación de una gestión medioambiental eficaz en las empresas, le han ido saliendo hermanos, como los denominados sellos de ecodiseño, incluidos en las compras públicas verdes. Un ejemplo son las famosas letras de clasificación energética de los electrodomésticos.
No existe un certificado estándar que exija la Administración, sino que "hay que saber en cada concurso qué están pidiendo. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ya exige a los proveedores de madera un certificado de cadena de custodia".
Más madera
La cadena de custodia de la que habla Fontanals es un requisito similar a la trazabilidad de la carne, es decir, que "cualquier empresa que intervenga en la extracción, procesamiento y venta de artículos de madera debe acreditar la procedencia de ésta y que no se han utilizado determinados productos no permitidos", añade Marta Pascual desde Bureau Veritas Certificación, una de las agencias homologadas para extender este tipo de certificaciones. "El problema es que no hay un sistema unificado. Para la madera hay dos certificados que se suelen aceptar", denominados FSC y PEFC, "y las empresas se encuentran con que no saben cuál es el que piden, por lo que solicitan ambos, lo que supone pagar dos auditorías y dos tasas".
Cabe el hecho de que "el 99,9% del sector maderero está compuesto por pymes", como apunta la directora de Confemadera, Beatriz del Castillo. "Es positivo que se exija la trazabilidad de la madera y se promuevan las compras públicas verdes, pero el primero que tiene que certificar que la madera está bien gestionada es el propietario del bosque, y dentro de España hay problemas para encontrar bosques certificados".
El problema del reciclado
Un problema mayor se encuentran las empresas del sector papelero. "Estamos completamente a favor de que se impulsen las compras sostenibles", dice el director general de Aspapel, Carlos Reinoso: "Pero la elección de los criterios no han sido acertados". Reinoso se refiere a que, según la hoja de ruta del Plan de Contratación Pública Verde, "en 2015 la Administración española deberá comprar el 90% de su papel de oficina de origen reciclado. Eso significa que no podrá comprar papel de origen español".
¿Significa eso que los productores de papel deberán reconvertir su actividad hacia el reciclado? "No se puede, porque España, que es el país que más papel reciclado produce de Europa, ya no puede reciclar más porque se recicla todo el que se tira". La Administración actualmente representa el 40% de las compras de papel de impresión, según datos de Aspapel.
"Es imprescindible modificar la elección de los criterios y adaptarlos a la realidad del mercado. De lo contrario", avisa Reinoso, "terminarán importando papel reciclado de Brasil o Asia, lo que supone un mayor impacto para el medio ambiente, por su extracción y transporte".
Esta noticia está relacionada con uno de los fallos de mercado como son las externalidades. Una externalidad surge cuando las empresas o las personas imponen costes u otorgan beneficios a quienes no participaron en la transacción de mercado. En el caso del tema tratado en la noticia se trata de una externalidad negativa, como sería la contaminación, el daño al medioambiente y a las personas. Ciertos procesos productivos pueden generar daños sociales y ambientales de este tipo. Para lograr paliar el efecto de las externalidades, interviene el Estado.
La regulación del gobierno intenta controlar las externalidades como la contaminación, los vertidos tóxicos, los medicamentos y alimentos inseguros o los materiales radioactivos. Dicha intervención choca contra el concepto del libre mercado, pero efectivamente es necesario que el gobierno actúe en determinados aspectos para conservar el medioambiente y pueda ser disfrutado por generaciones futuras.
Si se produce el efecto de una externalidad negativa, el coste social de producir, es superior al coste privado. Se produce un aumento debido al coste de contaminación.Con este efecto, la cantidad óptima es inferior a la cantidad en el punto de equilibrio.
El aumento del coste nos indica que el coste social para la sociedad es superior al coste que le supone el producir a la empresa. Al coste privado se le sumarían los costes externos. En consecuencia, la reducción de la producción y del consumo por debajo del nivel de equilibrio aumenta el bienestar económico total.
El Estado lo que intenta es internalizar la externalidad, con instrumentos como impuestos, permisos de contaminación y subvenciones o como en el caso de la noticia, dando prioridad a aquellas empresas que incluyan la sostenibilidad en su cartera de productos. El problema que se plantea es que no existen certificados homogéneos para poder demostrar que la empresa utiliza métodos sostenibles, un aspecto que debería tratarse si el Estado quiere que efectivamente aumente la conciencia social entre los productores del país.
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